PERSPECTIVAS SOBRE LOS PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO TRIBUTARIO EN VENEZUELA (Parte I)

Para el entendimiento del problema de la “Aplicación del Derecho Tributario en Venezuela”; se debe aclarar, que este principalmente se fundamenta en la interpretación del derecho, por lo que se debe comenzar por los principales problemas que plantea la individualización jurisdiccional (judicial o administrativa) del Derecho, ya que estos son esencialmente los mismos en todos los sistemas jurídicos, en todos los países y en todos tiempos. Entre tales problemas figuran los siguientes:

-La cuestión de hallar cuál es la norma válida pertinente para el caso controvertido (Caso presentado en la Providencia Administrativa N° SNAT/2009-0089, mediante la cual establece la oportunidad de pago de los tributos aduaneros causados con motivo de importación, la cual se fundamentó en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Aduanas, cuando se ha debido de fundamentar en el artículo 41 del Código Orgánico Tributario, tal y como se indica el artículo 1 de COT, se establecen dentro de su ámbito de aplicación para los tributos aduaneros, lo atinente a los medios de extinción de la obligación tributaria, tal es el caso del “PAGO”, siendo este un instrumento jurídico del mismo rango, y de entrada en vigencia posterior a la Ley Orgánica de Aduanas, ya que la LOA es de 1.999 y el COT es de 2.001, está claro que la base correcta debía ser el artículo 41 del COT; sin menos cabo de que para todo los efectos que persigue la Providencia Administrativa N° SNAT/2009-0089, se debe reformar el contenido del Reglamento del Sistema Aduanero Automatizado).

Convertir los términos generales de la ley o del reglamento en una norma singular y concreta para el caso particular, de modo que en esta norma individualizada se cumpla la regla general.

-Sobre cuál entre los varios métodos posibles de interpretación debe ser elegido para tratar el caso concreto.

Cómo ha de actuar el Juez cuando la aplicación de una norma, en apariencia válida, al problema singular sometido a su jurisdicción, llevaría a un resultado notoriamente injusto y otras cuestiones de parecida importancia.

La Acción de Interpretar

Etimológicamente hablando, el verbo "Interpretar" proviene de la voz latina “interpretare” o ”Interpretari”. El Diccionario de la Lengua española, en el sentido que nos interesa recalcar, define la voz "interpretar" como: explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de textos poco claros. Explicar, acertadamente o no, acciones, palabras o sucesos que pueden ser entendidos de varias formas.

La Interpretación Económica de la Ley Tributaria

También conocida como interpretación jurídica (o del derecho), es una actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico, inclusive con lo que no es norma, como por ejemplo, los principios. En consecuencia, hablar de interpretación del derecho es igual a referirse a una actividad que comprende a todas las normas jurídicas, y no únicamente a las normas legales que produce el órgano legislativo. De ahí que la interpretación de la ley sea una especie de interpretación jurídica.

La interpretación de la ley, presupone la existencia de una redacción cuyo alcance, contenido y fin, pueda determinarse con la mayor exactitud posible, para garantizar la adecuada aplicación en un caso concreto. El problema de la interpretación, básicamente se resume en: ¿Qué quiso establecer el Legislador?, ¿Qué cosa dice la norma?, ¿Que alcance tiene en uno o varios contextos? y ¿Cómo se aplica?.

La intención fundamental de la interpretación de la Ley, se basa en la aplicación correcta; por lo que existen diferentes modos; algunos inclusive, establecidos por la misma norma para su interpretación; permitiendo establecer algunos patrones para su aplicación y alcance.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, es importante ubicarse en un contexto dentro del derecho positivo; para ello, se orienta la presente investigación a la materia tributaria, por lo que se debe partir del contenido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en su Disposición Transitoria Quinta, señala lo siguiente:

Quinta. En el término no mayor de un año, a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, la Asamblea Nacional dictará una reforma del Código Orgánico Tributario que establezca, entre otros aspectos:


1. La interpretación estricta de las leyes y normas tributarias, atendiendo al fin de las mismas y a su significación económica, con el objeto de eliminar ambigüedades.

Omisis…”

Toda norma, debe poseer cualidades de perfección, por estar constituida de dos elementos fundamentales, los cuales son: Lexicológico y Lógico, estos elementos forman un sistema de confirmación el uno por el otro; que por la ausencia de uno o de los dos, se dificulta su interpretación y su aplicación, es por ello que, se establece de forma expresa en diferentes normas, como la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución de la República, algunos preceptos para la interpretación de las mismas, previniendo que cualquier norma tributaria de rango inferior y posea alguna inconsistencia en su redacción; y posibilitando la aplicación de la misma, estableciendo un factor condicionante en la significación de la misma.

Aunado a lo anterior, existe una norma (Artículo 5 del Código Orgánico Tributario-COT), que sin colidar con la Disposición Transitoria Quinta, establece lo siguiente:

Artículo 5. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, atendiendo su fin y a su significación económica, pudiéndose llegar a los resultados restrictivos o extensivos de los términos contenidos en las normas tributarias.


Las exenciones, exoneraciones, rebajas, desgravámenes y demás beneficios fiscales se interpretarán en forma restrictiva.”

Estableciendo así, de forma inclusiva por su lexicológico, la admisión de la interpretación de la ley con arreglo a los métodos admitidos en derecho, sin menos cabo de considerar para ello, el fin que se persigue y su significación económica.

Cabe destacar que Bielsa, en su obra: “Nociones Preliminares de Derecho Fiscal” señala lo siguiente: “No es la letra solamente, sino el espíritu de la Ley lo que el interprete debe conocer; subsidiariamente es la razón de ser de la norma legal que se invoca como Ratio Iuris”.

En este sentido, es importante profundizar en la significación económica; para ello es primordial partir de lo señalado por Jarach en su obra “El Hecho Imponible”, donde señala lo siguiente:


“La autonomía dogmática del derecho impositivo tiene por consecuencia que el impuesto debe ser aplicado a la relación económica prescindiendo de las formas jurídicas, toda vez que éstas sean inadecuadas para aquella, exista o no la intención de evadir el impuesto y sea este criterio favorable al Fisco o al contribuyente.”

Es claro que lo que señala Jarach, es básicamente que el derecho tributario persigue un fin económico y es por ello que el principio de legalidad del “Nullun Tributum sine Legen” (No existe un tributo si no está en la Ley), se fundamenta en positivisar un hecho económico, como lo es el “Hecho Imponible”, de esta forma se puede observar que el derecho tributario, parte de un hecho económico y persigue un fin económico, tal es el caso de regular el control fiscal para la obtención de los recursos financieros (ingresos fiscales), concediendo la aplicación de la Ley, con arreglo al equilibrio que debe existir entre el principio “In Duvio pro Fiscum” y su contra posición “In Duvio Contra Fiscum” , lo cual tiene como base la “Seguridad Jurídica” que puedan brindar las instituciones del Estado en ejercicio del Poder Público; todos estos son aspectos que debe considerar tanto por la Administración Tributaria, así como también los Administrados o Contribuyentes, cada uno según su posición e intereses.

Providencias Administrativas SNAT/2009/103 y SNAT/2009/104 relativas de la obligación de "Declarar Electrónicamente el ISLR e IVA", respectivamente.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) publicó las Providencias Administrativas N° SNAT/2009/103 y SNAT/2009/104 de fecha 30 de octubre de 2009, mediante la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.296 de la misma fecha, donde se establece la obligación de presentar electrónicamente las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA); cuyos incumplimientos estarán sometidos al régimen sancionatorio del Código Orgánico Tributario (COT).



Declaración Electrónica del  ISLR


La Providencia administrativa SNAT/2009/103, relativa a las declaraciones electrónicas del ISLR, que las “Personas Jurídicas” y las entidades sin personalidad jurídica, deberán presentar sus declaraciones de ISLR electrónicamente, en cuanto a los ejercicios fiscales que se inicien el 1° de enero de este año se refiere; así como, las declaraciones que la sustituyan, según las especificaciones técnicas establecidas en el Portal Fiscal    (http://www.seniat.gob.ve/); aunado a lo anterior, en la declaraciones que arrojen cuota tributaria, se podrá realizar el pago en forma eletrócnica e imprimir el comprobante.


Las “Personas Naturales” cuya declaración “No Arroje Cuota Tributaria" (Impuesto a Pagar), deberán presentar electrónicamente la declaración definitiva de ISLR; no obstante, las personas Naturales cuya declaración “Si Arroje Cuota Tributaria" (impuesto a pagar), podrán optar por presentar electrónicamente su declaración definitiva de ISLR y declaraciones que las sustituyan, o efectuarla a través de los formularios establecido por el SENIAT; aunado a lo anterior, en la declaraciones electrónicas que arrojen cuota tributaria, se podrá realizar el pago en forma eletrócnica e imprimir el comprobante; todo con atención al marco jurídico aplicable y vigente del ISLR.


Cabe destacar que siguen vigente las Providencias Administrativas Nros. 0034 del 5 de mayo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.171 de la misma fecha, relativa a los sujetos pasivos especiales; y la Providencia Administrativa N° 0949 del 31 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.319 del 22 de noviembre de ese año, relativa los funcionarios públicos nacional, estadales y municipales; en ambas ya se establece la obligación de “Declarar de Forma Electrónica” a los sujetos pasivos sometidos a su ámbito de aplicación.


Declaración Electrónica del  IVA


La Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según la Providencia Administrativa N° 0104, deberá de realizarse electrónicamente, en lo atinente a las Personas Jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, con atención al marco jurídico del impuesto.


A partir del 30 de noviembre del presente año, según establece dicha Providencia; y hasta 15 días continuos después del período de imposición, deberán realizarse la “Declaraciones del IVA de forma Electrónica”; así como, las declaraciones que la sustituyan, según las especificaciones técnicas establecidas en el Portal Fiscal (http://www.seniat.gob.ve/); aunado a lo anterior, las oficinas receptoras de fondos nacionales, se abstendrán de recibir el formulario “F-30” para la declaración y/o pago; formulario, que dicho sea de paso no se consigue. El Sujeto Pasivo, podrá decidir si realiza el pago por vía electrónica o imprimir la planilla que entrega el sistema y pagar en las oficinas receptoras de fondos nacionales.



Para mayor información, accesar al Portal Fiscal: www.seniat.gob.ve

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