El Principio de "No Confiscatoriedad" y el Sistema Impositivo Venezolano

El principio de no Confiscatoriedad, establece que no debe cobrarse el tributo por doble imposición; aunado a ello, Ruan (citado en Márquez 2006) señala que la Confiscatoriedad también se produce cuando existe:

“una apropiación ilegítima por parte del fisco del patrimonio de los ciudadanos, cuando exceden los limites de la razonabilidad de la exacción, por caer en la desproporción entre las cargas impuestas y la capacidad económica del contribuyente, o por no haber correspondencia entre el fin perseguido por la norma y el medio elegido para concretarlo.”

Entendiéndose, que toda acción del Estado en procura de la labor tributaria que afecte de forma desproporcionada la capacidad económica del contribuyente, es confiscatorio, siendo inconstitucional, por ser violatorio del artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de manera que, la “No Confiscatoriedad” tiene contenida los siguientes aspectos:

· Inviolabilidad de la Propiedad Privada
· Prohibición de la confiscación en los términos de la aplicación de la Ley

Visto de esta forma, se evidencian limites a la potestades administrativas del Estado en el ejercicio de sus funciones, como sistema tributario, permitiendo tener garantías que se traducen en seguridad jurídica, por lo que van cónsonos con los Principios de Progresividad y de la Justa Distribución de las Cargas.

Aunado a lo anterior, y tomando en consideración el “Principio de la Unidad del Estado”, aplicado a la materia tributaria, se debe evaluar el sistema impositivo Venezolano, desde el punto de vista de la carga impositiva que recae sobre los contribuyentes (personas jurídicas), quienes soportan un aproximado al 50% de imposición fiscal, como sumatoria de todo el espectro tributario de los tres niveles de la distribución del “Poder Público”; es decir, por los tributos nacionales, estadales y municipales; esta situación debe considerarse para una política fiscal que tenga por objetivo no sólo proveer al Estado de los recursos financieros, sino que debe estar en cumplimiento de otros principios, distribuyendo de forma justa la carga impositiva y midiendo los efectos inflacionarios que se puedan generar.
Claro esta, existe una diferencia entre las alícuotas o tasas nominales y las reales; sin embargo, las obligaciones accesorias al tributo, generan otras prestaciones pecuniarias que los contribuyentes deben soportar, por lo que toda disminución, que pueda existir en la alícuota o tasa real, con respecto a la nominal, se compensa de forma automática.

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