PERSPECTIVAS SOBRE LOS PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO TRIBUTARIO EN VENEZUELA (Parte I)

Para el entendimiento del problema de la “Aplicación del Derecho Tributario en Venezuela”; se debe aclarar, que este principalmente se fundamenta en la interpretación del derecho, por lo que se debe comenzar por los principales problemas que plantea la individualización jurisdiccional (judicial o administrativa) del Derecho, ya que estos son esencialmente los mismos en todos los sistemas jurídicos, en todos los países y en todos tiempos. Entre tales problemas figuran los siguientes:

-La cuestión de hallar cuál es la norma válida pertinente para el caso controvertido (Caso presentado en la Providencia Administrativa N° SNAT/2009-0089, mediante la cual establece la oportunidad de pago de los tributos aduaneros causados con motivo de importación, la cual se fundamentó en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Aduanas, cuando se ha debido de fundamentar en el artículo 41 del Código Orgánico Tributario, tal y como se indica el artículo 1 de COT, se establecen dentro de su ámbito de aplicación para los tributos aduaneros, lo atinente a los medios de extinción de la obligación tributaria, tal es el caso del “PAGO”, siendo este un instrumento jurídico del mismo rango, y de entrada en vigencia posterior a la Ley Orgánica de Aduanas, ya que la LOA es de 1.999 y el COT es de 2.001, está claro que la base correcta debía ser el artículo 41 del COT; sin menos cabo de que para todo los efectos que persigue la Providencia Administrativa N° SNAT/2009-0089, se debe reformar el contenido del Reglamento del Sistema Aduanero Automatizado).

Convertir los términos generales de la ley o del reglamento en una norma singular y concreta para el caso particular, de modo que en esta norma individualizada se cumpla la regla general.

-Sobre cuál entre los varios métodos posibles de interpretación debe ser elegido para tratar el caso concreto.

Cómo ha de actuar el Juez cuando la aplicación de una norma, en apariencia válida, al problema singular sometido a su jurisdicción, llevaría a un resultado notoriamente injusto y otras cuestiones de parecida importancia.

La Acción de Interpretar

Etimológicamente hablando, el verbo "Interpretar" proviene de la voz latina “interpretare” o ”Interpretari”. El Diccionario de la Lengua española, en el sentido que nos interesa recalcar, define la voz "interpretar" como: explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de textos poco claros. Explicar, acertadamente o no, acciones, palabras o sucesos que pueden ser entendidos de varias formas.

La Interpretación Económica de la Ley Tributaria

También conocida como interpretación jurídica (o del derecho), es una actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico, inclusive con lo que no es norma, como por ejemplo, los principios. En consecuencia, hablar de interpretación del derecho es igual a referirse a una actividad que comprende a todas las normas jurídicas, y no únicamente a las normas legales que produce el órgano legislativo. De ahí que la interpretación de la ley sea una especie de interpretación jurídica.

La interpretación de la ley, presupone la existencia de una redacción cuyo alcance, contenido y fin, pueda determinarse con la mayor exactitud posible, para garantizar la adecuada aplicación en un caso concreto. El problema de la interpretación, básicamente se resume en: ¿Qué quiso establecer el Legislador?, ¿Qué cosa dice la norma?, ¿Que alcance tiene en uno o varios contextos? y ¿Cómo se aplica?.

La intención fundamental de la interpretación de la Ley, se basa en la aplicación correcta; por lo que existen diferentes modos; algunos inclusive, establecidos por la misma norma para su interpretación; permitiendo establecer algunos patrones para su aplicación y alcance.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, es importante ubicarse en un contexto dentro del derecho positivo; para ello, se orienta la presente investigación a la materia tributaria, por lo que se debe partir del contenido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en su Disposición Transitoria Quinta, señala lo siguiente:

Quinta. En el término no mayor de un año, a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, la Asamblea Nacional dictará una reforma del Código Orgánico Tributario que establezca, entre otros aspectos:


1. La interpretación estricta de las leyes y normas tributarias, atendiendo al fin de las mismas y a su significación económica, con el objeto de eliminar ambigüedades.

Omisis…”

Toda norma, debe poseer cualidades de perfección, por estar constituida de dos elementos fundamentales, los cuales son: Lexicológico y Lógico, estos elementos forman un sistema de confirmación el uno por el otro; que por la ausencia de uno o de los dos, se dificulta su interpretación y su aplicación, es por ello que, se establece de forma expresa en diferentes normas, como la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución de la República, algunos preceptos para la interpretación de las mismas, previniendo que cualquier norma tributaria de rango inferior y posea alguna inconsistencia en su redacción; y posibilitando la aplicación de la misma, estableciendo un factor condicionante en la significación de la misma.

Aunado a lo anterior, existe una norma (Artículo 5 del Código Orgánico Tributario-COT), que sin colidar con la Disposición Transitoria Quinta, establece lo siguiente:

Artículo 5. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, atendiendo su fin y a su significación económica, pudiéndose llegar a los resultados restrictivos o extensivos de los términos contenidos en las normas tributarias.


Las exenciones, exoneraciones, rebajas, desgravámenes y demás beneficios fiscales se interpretarán en forma restrictiva.”

Estableciendo así, de forma inclusiva por su lexicológico, la admisión de la interpretación de la ley con arreglo a los métodos admitidos en derecho, sin menos cabo de considerar para ello, el fin que se persigue y su significación económica.

Cabe destacar que Bielsa, en su obra: “Nociones Preliminares de Derecho Fiscal” señala lo siguiente: “No es la letra solamente, sino el espíritu de la Ley lo que el interprete debe conocer; subsidiariamente es la razón de ser de la norma legal que se invoca como Ratio Iuris”.

En este sentido, es importante profundizar en la significación económica; para ello es primordial partir de lo señalado por Jarach en su obra “El Hecho Imponible”, donde señala lo siguiente:


“La autonomía dogmática del derecho impositivo tiene por consecuencia que el impuesto debe ser aplicado a la relación económica prescindiendo de las formas jurídicas, toda vez que éstas sean inadecuadas para aquella, exista o no la intención de evadir el impuesto y sea este criterio favorable al Fisco o al contribuyente.”

Es claro que lo que señala Jarach, es básicamente que el derecho tributario persigue un fin económico y es por ello que el principio de legalidad del “Nullun Tributum sine Legen” (No existe un tributo si no está en la Ley), se fundamenta en positivisar un hecho económico, como lo es el “Hecho Imponible”, de esta forma se puede observar que el derecho tributario, parte de un hecho económico y persigue un fin económico, tal es el caso de regular el control fiscal para la obtención de los recursos financieros (ingresos fiscales), concediendo la aplicación de la Ley, con arreglo al equilibrio que debe existir entre el principio “In Duvio pro Fiscum” y su contra posición “In Duvio Contra Fiscum” , lo cual tiene como base la “Seguridad Jurídica” que puedan brindar las instituciones del Estado en ejercicio del Poder Público; todos estos son aspectos que debe considerar tanto por la Administración Tributaria, así como también los Administrados o Contribuyentes, cada uno según su posición e intereses.

Providencias Administrativas SNAT/2009/103 y SNAT/2009/104 relativas de la obligación de "Declarar Electrónicamente el ISLR e IVA", respectivamente.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) publicó las Providencias Administrativas N° SNAT/2009/103 y SNAT/2009/104 de fecha 30 de octubre de 2009, mediante la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.296 de la misma fecha, donde se establece la obligación de presentar electrónicamente las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA); cuyos incumplimientos estarán sometidos al régimen sancionatorio del Código Orgánico Tributario (COT).



Declaración Electrónica del  ISLR


La Providencia administrativa SNAT/2009/103, relativa a las declaraciones electrónicas del ISLR, que las “Personas Jurídicas” y las entidades sin personalidad jurídica, deberán presentar sus declaraciones de ISLR electrónicamente, en cuanto a los ejercicios fiscales que se inicien el 1° de enero de este año se refiere; así como, las declaraciones que la sustituyan, según las especificaciones técnicas establecidas en el Portal Fiscal    (http://www.seniat.gob.ve/); aunado a lo anterior, en la declaraciones que arrojen cuota tributaria, se podrá realizar el pago en forma eletrócnica e imprimir el comprobante.


Las “Personas Naturales” cuya declaración “No Arroje Cuota Tributaria" (Impuesto a Pagar), deberán presentar electrónicamente la declaración definitiva de ISLR; no obstante, las personas Naturales cuya declaración “Si Arroje Cuota Tributaria" (impuesto a pagar), podrán optar por presentar electrónicamente su declaración definitiva de ISLR y declaraciones que las sustituyan, o efectuarla a través de los formularios establecido por el SENIAT; aunado a lo anterior, en la declaraciones electrónicas que arrojen cuota tributaria, se podrá realizar el pago en forma eletrócnica e imprimir el comprobante; todo con atención al marco jurídico aplicable y vigente del ISLR.


Cabe destacar que siguen vigente las Providencias Administrativas Nros. 0034 del 5 de mayo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.171 de la misma fecha, relativa a los sujetos pasivos especiales; y la Providencia Administrativa N° 0949 del 31 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.319 del 22 de noviembre de ese año, relativa los funcionarios públicos nacional, estadales y municipales; en ambas ya se establece la obligación de “Declarar de Forma Electrónica” a los sujetos pasivos sometidos a su ámbito de aplicación.


Declaración Electrónica del  IVA


La Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según la Providencia Administrativa N° 0104, deberá de realizarse electrónicamente, en lo atinente a las Personas Jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, con atención al marco jurídico del impuesto.


A partir del 30 de noviembre del presente año, según establece dicha Providencia; y hasta 15 días continuos después del período de imposición, deberán realizarse la “Declaraciones del IVA de forma Electrónica”; así como, las declaraciones que la sustituyan, según las especificaciones técnicas establecidas en el Portal Fiscal (http://www.seniat.gob.ve/); aunado a lo anterior, las oficinas receptoras de fondos nacionales, se abstendrán de recibir el formulario “F-30” para la declaración y/o pago; formulario, que dicho sea de paso no se consigue. El Sujeto Pasivo, podrá decidir si realiza el pago por vía electrónica o imprimir la planilla que entrega el sistema y pagar en las oficinas receptoras de fondos nacionales.



Para mayor información, accesar al Portal Fiscal: www.seniat.gob.ve

LÍMITES A LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA EN MATERIA ADUANERA

El Estado posee una cualidad de imperio en lo atinente a las “Potestades Públicas”, de donde surge gran parte de sus funciones; estas a su vez, deben estar revestidas de “Juris Tamtum” o presunción de legalidad dentro de un Estado de Derecho; lo que quiere decir que dichas funciones se basan en la Ley; los autores Españoles García de Enterría y Fernández (1.995) conciben a la potestad de la Administración Pública como: “Toda acción administrativa se nos presenta así ejercicio de un poder atribuido previamente por Ley y por ella delimitado y construido. Sin una atribución legal previa de las potestades la Administración no puede actuar”; es por ello, que diversos administrativistas señalan que las potestades de la Administración Pública son equivalente a poder jurídico, partiendo de la sectorización del “Poder Público”, donde se instituyen en: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano (Art. 136 CRBV); partiendo de ello, según determinadas competencias atribuidas por Ley, se crean y funcionan diversas Instituciones, en cada uno de los poderes señalados anteriormente, pero la Administración Pública en sus diferentes manifestaciones posee potestades principalmente reguladas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), sin menos cabo de otros instrumentos jurídicos; en la LOPA de forma dispersa se encuentra la siguiente clasificación: La Potestad de Autotutela, La Potestad de Ejecución, La Potestad de Actuación de Oficio y La Potestad Sancionatoria; a esta ultima se circunscribirá el presente análisis.

La Administración Pública, en el ejercicio de sus “Potestades”, también administra justicia en vía administrativa al igual que los Tribunales en la materia penal, cuando aplica sanciones a particulares cuya conducta transgrede el orden jurídico; de esta forma, es importante observar la actuación de dichas autoridades; sin menos cabo de ser “Servidores Públicos”.

“Toda Potestad posee Límites”, primordialmente la Sancionatoria; lo cual debe ser estudiado desde el punto de vista de los Principios del Derecho y de las Garantías Constitucionales; de esta forma a los efectos de la presente investigación, se hace referencia al Principio de la Proporcionalidad; así como el Principio de Legalidad de las Faltas y la Tipicidad de las Sanciones.

EL PRINCIPIO DE LA PROPORCIONALIDAD

El Principio de Proporcionalidad, se encuentra estrechamente ligado a los principios de Progresividad, de no Confiscatoriedad y de la Capacidad Contributiva; esto hace ver lo necesario de su estudio, desde una perspectiva sistemática y no aislada; tal como lo presenta el artículo 316 de la CRBV; aunado a esto, vale aclarar que la práctica legislativa, a lo largo de la historia, ha tenido sus errores, esto en virtud de que es ejecutada por seres humanos; esto generó que el legislado, al momento de la elaboración de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo-LOPA, considerara la inclusión de una norma que fijara con gran claridad unos límites a la discrecionalidad de los funcionarios o autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones; este es el caso de lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPA; la cual, señala que las medidas adoptadas por la autoridad administrativa, deben ser proporcionales al supuesto de hecho de que se trate; sirviendo esto para establecer el criterio de que cuando las sanciones se encuentren tipificadas entre un limite mínimo y un Máximo, la acción debe ser el equivalente en una apreciación fáctica y se debe al fin perseguido por la norma.

La Ley Orgánica de Aduanas-LOA, en su artículo 127, establece lo siguiente:
Artículo 127: Para la aplicación de las sanciones comprendidas entre un mínimo y un máximo, la autoridad competente considerará la entidad de la carga, la reincidencia, las circunstancias concurrentes y demás factores de juicio que determinen la gravedad del caso”.

El contenido de la norma “Up-Supra”, absorbe lo contemplado en el hilo jurídico de la Constitución y la LOPA, a estos efectos; a pesar de que se tiene el Reglamento para el Registro, Intercambio y Procesamiento de Datos, Documentos y Actos inherentes a la Llegada, Almacenamiento, Introducción, Permanencia y Extracción de Mercancías mediante Procesos Electrónicos (Reglamento del SIDUNEA), las “Sanciones” se encuentran señaladas en la LOA; tal como lo indica la Disposición Final Tercera de dicho reglamento; más aún, el hecho de que el texto de las sanciones establecidas en la LOA, no fue transcrito considerando una sanción para el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 49 del Reglamento del SIDUNEA (Presentación de la Documentación que respalda la Declaración dentro de las 4 horas habiles siguientes a la definición del canal de selectividad AMARILLO o ROJO); el establecimiento de la cuantía de la sanción por encontrarse entre un límite mínimo y un máximo, debería de estar enmarcado en lo dispuesto en el artículo 127 de la LOA; más aún cuando el contenido del artículo 130 autoriza a las autoridades competentes a fijar la cuantía cundo proceda la sanción entre un mínimo y un máximo; de manera pues que no se trata de que la sanción, que se está aplicando "121, lit. a) de la LOA"; sea desproporcionada para el incumplimiento del artículo 49 del Rgl. Del SIDUNEA ; sino que no fue concebida para ese supuesto; ya que el legislador establecio esta sanción para los auxiliares de la administración aduanera, en el ejercicio de su función propia (Ejemplo: Entrega extemporanea de la fianza por actualización); y no por su gestion en representación de aquel que contrata sus servicios; sin embargo, en la aplicación se encuentra el ambito natural del Principio de la Proporcionalidad, como base reguladora de las sanciones; y en este caso, puede realizarse, dado a que existe base legal para ello.

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS FALTAS Y LA TIPICIDAD DE LAS SANCIONES

Existe una actividad jurídica primordial de la positivización o práctica legislativa; esta es la “Valoración de los Hechos y la Interpretación de las Previsiones Legales”; estas actividades se basan en el ejercicio de los principios del Derecho, como limites a la acción del Estado y a la misma práctica legislativa, es importante destacar que estos son elementos a considerar en la investigación del Principio de Legalidad de las Faltas y la Tipicidad de las Sanciones; lo cual subyace en las Garantías Constitucionales, como parte del Debido Proceso, que en el caso particular de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establece en su artículo 49, el cual se cita textualmente:

Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
Omisis…
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
Omisis…”

Esta es la manifestación legal con rango constitucional del principio del Derecho Penal “Nullum Crimen, Nulla Poena sine Lege” que en español significa que: No existe una pena, no existe un crimen, si no existe en Ley; por lo que deben estar señaladas en un instrumento jurídico, las conductas ilícitas y sus consecuencias; de esta forma sólo se puede calificar de infracciones, los hechos que estén previstos como tales en una Ley formal aplicable, e imponer las sanciones que estén taxativamente fijadas para ese hecho; adicionalmente, el artículo 317 de la CRBV, establece la aplicación del principio de legalidad a la materia tributaria; lo cual, es el equivalente a: “Nullum Tributum sine Lege”, establecido con rango Constitucional.

De esta forma cabe destacar que Vigilanza García (2002) citada por Borges Vegas ( 2006) en “Temas de Derecho Penal Económico”, señala lo siguiente: “Omisis… simplemente concluyéndose que el principio de la Legalidad penal” abarca también a los ilícitos administrativos y de allí que únicamente la Ley dictada por la Asamblea Nacional pueda crear sanciones, sea cual sea su naturaleza. Omisis…”, adicionalmente se debe aclarar que la reserva legal debe considerar no solo la sanción, sino también la falta, tal y como lo señala Carretero Pérez y Carretero Sánchez (1995) donde explican lo siguiente: “… el principio de legalidad se concreta en dos puntos: Nullum Crimen, Nulla Poena sine lege; lo que quiere decir que tanto la infracción como la sanción han de estar permitidas y señaladas en la Ley…”. Esta misma afirmación es apoyada por Araujo (1998) citados por Rojas Hernández (2004) en su obra: Los Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador como Límites a la Potestad Administrativa Sancionatoria”, refiriendo lo siguiente: “La Ley ha de preceder a la conducta sancionable (Lex Previa), así como determinar el contenido de la sanción que deba imponerse”.

Estas doctrinas tienen sentido al estudiar lo expuesto por Benshimol Quintana (1999), al señalar lo siguiente:
“Ley en el Sentido Formal:
1.- Es la misma a la que se refiere el artículo 162 de la Constitución Nacional.
2.-Por tanto, ha sido elaborada por el Órgano Legislativo, que es el llamado Constitucionalmente a elaborar leyes.
3.-Ha cumplido, en consecuencia con todos los requisitos formales en su proceso de elaboración; en otras palabras posee requisitos intrínsicos propios de toda ley: Racionalidad, Imperatividad, y Generalidad; como los extrínsecos: Iniciativa, Discusión, Sanción o Aprobación, Promulgación y Publicación.

Ley en el sentido material:
1.-No ha sido elaborada por el Órgano Legislativo.
2.-Por ende, carece de requisitos formales o extrínsecos, establecidos por la Constitución Nacional.
3.-Posee desde luego, los requisitos intrínsicos de toda ley-Racionalidad, Imperatividad y Generalidad-.”

Adicionalmente señala el autor “Up-Supra”, que las leyes formales son:
1.-La Constitución Nacional
2.-Leyes Orgánicas
3.-Leyes Especiales
4.-Leyes Generales u Ordinarias

Leyes Materiales:
1.-Decretos Leyes
2.-Reglamentos

A pesar de que existen criterios sobre la Ley en un sentido amplio; el estudio realizado infiere que la concepción del termino Ley, debe estar sujeto a la definición que establece el artículo 202 de la CRBV; donde señala que es un “Acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislativo”; lo cual, enmarca al termino “Ley” en un sentido restrictivo y formal, ya que la intervención del Poder Legislativo es una garantía para los administrados, tanto por la función de legislar, como por la posterior aplicación de una Ley ajustada a derecho. En lo atinente a los Reglamentos: Son actos con fuerza de ley emanados del Poder Ejecutivo Nacional, (Presidente de la República) en su Artículo 236 Ordinal 10º; preceptúa entre las atribuciones, el reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón; esta atribución se denomina en la doctrina, "La potestad reglamentaria"; por lo que no debe crear infracciones y/o sanciones por medio de este tipo de instrumento jurídico.

Por ejemplo; de la investigación realizada, se puede inferir que en el caso de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) y sus Reglamentos; las faltas y/o las sanciones no deben estar contempladas en un Decreto Ley o Reglamento, ya que va en detrimento de los Principios del Derecho y las Garantías Constitucionales; estos son premisas que resguardan el derechos de los administrados o particulares frente a la actuación de la Administración Publica; sin menos cabo de que cualquier desvinculación del Principio de legalidad con la ley formal en la materia tributaria (partiendo de que la LOA; también es una Ley Tributaria), podría atentar contra la Armonización Tributaria cuyo mandato es Constitucional; más aun, lo importante es que el ejercicio de las potestades públicas, se cumplan con arreglo al bloque de legalidad, afectando lo menos posible la función ordinaria propia y de los administrados; es por ello que también se debe evaluar el “Riesgo Jurídico” en cada actuación, esto genera que las políticas fiscales sean más eficientes.

APROBADA EN PRIMERA DISCUSIÓN "LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS DEL ESTADO"

Existe un proyecto de "Ley de Simplificación de Trámites para las Exportaciones e Importaciones realizadas por las Empresas del Estado", aprobada en primera discusión; que tiene por objeto simplificar los trámites administrativos necesarios para la importación y exportación de bienes y mercancías, eliminando las obligaciones del Régimen legal Codificado y no codificado del Arancel de Aduanas (Decreto 3.679), en lo atinente a: Licencias, Certificados, Certificados COVENIN de Obligatorio cumplimiento u otros documentos.

De tal manera el artículo 1, contempla lo siguiente:

Artículo 1: La presente ley tiene por objeto simplificar los trámites administrativos requeridos para las exportaciones e importaciones de bienes y mercancías, que realizan las empresas del Estado, debidamente constituidas, cuyo objeto social principal sea la importación, la exportación y la comercialización de bienes y mercancías, y que hayan sido autorizadas para estos fines, por la Comisión Central de Planificación. Todo ello, para garantizar el suministro oportuno de bienes y mercancías, relacionados con las áreas de seguridad alimentaria, salud, vivienda, y con todas aquellas áreas que permitan elevar el bienestar de la población”.


De esta forma se establece el objeto del instrumento jurídico, aplicando el calificativo de “Simplificación de Trámites”, para sustraerse de las obligaciones para arancelarias; motivo por el cual, generaría una competencia desleal como efecto de la intervención del Estado como oferente, bajo estas condiciones; es importante, precisar que la Simplificación del Trámite, debería estar orientada a el establecimiento de un criterio de selectividad de color verde en el sistema SIDUNEA, sin menoscabo del cumplimiento de tales obligaciones; ya que esto, coadyuva al cumplimiento de otras garantías “Constitucionales” tanto para el mercado, como para la población en calidad de demandante de un bien o servicio. Es por ello que es importante detallar el contenido del artículo 3, de dicho proyecto:


ARTÍULO 3: Las operaciones de exportación o importación realizadas por las empresas del Estado, identificadas en el artículo 1 de esta ley, no estarán sujetas a la obtención y presentación de licencias, certificados y otros documentos contemplados en la normativa aduanera; así como a cualquier otro documento exigido en la normativa aplicable.

Los certificados o documentos relacionados con la protección, control y prevención de la salud de las personas, animales y plantas, requeridos para la exportación o importación de bienes y mercancías, serán exigidos de conformidad con la normativa legal aplicable. Igual régimen se seguirá en lo relacionado con las áreas de seguridad y defensa”.

Se puede observar, que las operaciones aduaneras de importación y exportación, cuyo objeto sea mercancía del sector salud y defensa; continuaran sometidas a las exigencias de las normativas aplicables; lo cual, extrae a estos sectores, del ámbito de aplicación de la no sujeción a la obtención y presentación de Licencias, Certificados y otros documentos, por lo que deberán cumplir con las medidas para arancelarias o requisitos legales aplicables, según la naturaleza de la mercancía de dichos sectores (Salud y Defensa).

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/2009-0089

AGENTE DE ADUANAS:
1. Tener la documentación correspondiente y verificar que se encuentre conforme con lo exigido por la normativa aduanera vigente, según la naturaleza de la mercancías, y luego:

  • Ingresar al módulo MODBRK, menú principal (F9), Funciones del Sistema Aduanero Automatizado, la información del segmento general y del segmento por artículo o ítems, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos del SIDUNEA++ : (En caso que el pago sea sustituido por la presentación de una garantía, deberá indicarlo en el campo 39 al momento de la digitación de la DUA).


2. Verificar la DUA, con el menú local (F9)/Acción/1 Verif. Local. El sistema presenta el cuadro de documentos adjuntos o de soporte de la DUA, para comprobación; el sistema despliega el cuadro de documentos adjuntos a la DUA para verificación y posteriormente presenta el cuadro con el mensaje Validación Local OK.

3. Comprobar la DUA en el servidor con la opción menú local (F9) Acción/2 Verificación, si el proceso es correcto el sistema presenta el mensaje Control de validez OK, caso contrario despliega la lista de errores para corrección.

4. Verificar en el servidor que la información de la DUA es consistente con la base de datos, por medio del menú Local/ 7) registrar.
El sistema asigna un número de registro correlativo, fecha en la cual debe procederse al pago de los tributos auto liquidados de cuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2009-0089 del 03/09/2009.

5. Consultar la declaración a través de las siguientes opciones, Menú Principal Funciones/ 2) Declaraciones / 8) Impresiones y Consultas / 1) Declaraciones / 6) Todas.

6. Ubicar mediante el menú local Ver / y seleccionar la opción / Ver Boletín de Validación (B. Liquidación). Con el mismo menú local (F9), ordena la impresión del Bolitín de Liquidación (Forma 0086). Adicionalmente, el sistema imprime un boletín de notificación con indicación del monto correspondiente al 50% restante de la "Tasa por Determinación del Régimen Aduanero, destinada al SENIAT.

8. Realizar el pago de los tributos ante la entidad receptora de fondos nacionales.

9. Acceder al MODBRK y proceder a solicitar la validación de la DUA, en el Menú Principal: Funciones/ 2) Declaraciones / 5) Validación / 2) Declaración registrada. A partir de ese momento el sistema notifica el canal de selectividad asignado.

10. El sistema muestra la pantalla con el canal de selectividad asignado, a partir del cual se inicia el plazo de las cuatro (4) horas hábiles para la presentación de la documentación en la aduana.


FUNCIONARIO RECONOCEDOR:
1. Efectuar el reconocimiento de las mercancías según corresponda y en cumplimiento de la normativa vigente.

2. Acceder al MODCBR, y proceder a las modificaciones a que hubiere lugar siempre que no alteren la base imponible de la declaración. (Deberá dejar constancia de sus actuaciones en el Acta de reconocimiento del sistema, según la normativa).

3.Redireccionar el canal de selectividad. (En caso de conformidad y/o verificado el pago de las planillas complementarias resultantes del reconocimiento, el funcionario reconocedor procede a la redirección del canal, mediante el Menú Principal Funciones/ 4) Reconocimiento / 2) Ruta de la Declaración / 1) Declaraciones seleccionadas o según el canal que corresponda).

  • 3.1 Aparece pantalla de Declaraciones seleccionadas, se establecen los parámetros de Búsqueda y se oprime OK.
  • 3.2 Aparece listado de las Declaraciones que coincidan con los parámetros se selecciona la que se debe redirigir y se oprime la opción o botón Redirigir.
  • 3.3 Aparece pantalla para seleccionar canal, selecciona verde y presiona OK y valida inmediatamente en la siguiente pantalla. NOTA: Las multas que se deriven del Acto de Reconocimiento y los diferenciales de Tributos, deben liquidarse a través de la planilla F-0081 del iSENIAT Aduanas. El funcionario reconocedor no debe redirigir la declaración a verde hasta tanto no se compruebe el pago de las planillas respectivas.


4. Verificar que el sistema despliege la pantalla con número de validación de la declaración junto con el número de registro correspondiente.


AGENTE DE ADUANAS:
1. Visitar al Almacén y solicita la emisión del Pase de salida.


ALMACÉN:
1. Solicitar emisión del "Pase de Salida", a través del MODSHD, mediante el Menú Principal Funciones / 3) Pase de salida / 2)Múltiples declaraciones, seguidamente busca la declaración con los parámetros correspondientes para obtener la impresión del pase de salida, siempre que la DUA se encuentre pagada y validada.

2. Rellenar la información que solicita el sistema para el Pase de salida.

3. Verificar que el sistema Muestre el correspondiente "Pase de Salida" en Formato PDF para respectiva impresión.

4. Proceder a la impresión y entrega del Pase de salida.

El Control y los Ingresos Públicos


Caudal de valoración económica que el Estado estima y recaba para cumplir con sus propios fines se le denomina “Ingresos Públicos”, por lo que se ejecuta la Acción del Estado a efecto de procurarse los medios necesarios para el gasto público, con ello satisfacción de las necesidades públicas y de sus propios fines, para esto los ingresos públicos deben cumplir con los principios de la gestión fiscal establecidos en el artículo 311 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), por consiguiente es primordial destacar, que existe entre sus principios el equilibrio fiscal, por lo que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios, para mayor entendimiento se presenta la siguiente clasificación de ingresos:

1. Por la Temporalidad:
1.1. Ingresos Ordinarios (Lo percibe de manera regular o constante)
1.1.1. Impuesto Sobre La Renta Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos.
1.1.2. IVA
1.1.3. Renta Aduanera
1.1.4. Impuesto Sobre Producción (Cigarrillo, Licores, etc.)

1.2. Ingresos Extraordinarios (Lo percibe el Estado de manera ocasional)
1.2.1. Crédito Público
1.2.2. Acuñación Monetaria
1.2.3. Ingresos por venta de inmuebles del estado.
1.2.4. IDB
1.2.5. Conjunto de ingresos que obtiene el Estado de manera ocasional

2. Por su Procedencia Económica:
2.1. Ingresos Tributarios (Materia Impositiva)
2.1.1. Impuestos Directos
2.1.1.1. Impuesto Sobre La Renta
2.1.1.2. Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos
2.1.2. Impuestos Indirectos
2.1.2.1. Producción y Consumo
2.1.2.1.1. IVA
2.1.2.1.2. Licores
2.1.2.1.3. Cigarrillos
2.1.2.1.4. Fósforo
2.1.2.1.5. Derivados del Petróleo
2.1.2.2. Sobre Transacciones
2.1.2.2.1. Timbres Fiscales
2.1.2.3. Sobre Transporte
2.1.2.4. Renta Aduanera

2.2. Ingresos No Tributarios (Otros)
2.2.1. De Dominio Territorial
2.2.1.1. Hidrocarburos por Explotación
2.2.1.2. Gas por Explotación
2.2.2. Renta de Minas
2.2.2.1. Tierras Ociosas
2.2.2.2. Minería
2.2.3. Dominio Comercial
2.2.3.1. Interese y Dividendos
2.2.3.2. Utilidades y Beneficios

La clasificación presentada de los ingresos públicos, refleja las naturaleza de los impuestos, por lo que se puede inferir los órganos de la Administración Pública que ejercen competencia en dicha materia; en este sentido, se puede determinar la vinculación, como por ejemplo: Renta de Minas con el Ministerio de Energía y Petróleo; de esta misma manera se vincula la Renta Aduanera al Ministerio de Finanzas por órgano del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), específicamente por las aduanas, por lo que se observa parte de la vinculación de la materia del control fiscal y la materia aduanera (Ingresos Públicos-Organo Recaudador), así como también el Control Interno es aplicable a la Administración Aduanera, en el ejercicio de sus funciones; mas aún, existen controles que van más allá, de la materia fiscal, aún cuando la tienen implícita, como lo es el control aduanero, siendo este ultimo una labor técnica por naturaleza.

El Control Aduanero
La expresión “Control Aduanero” ha sido definida en el Glosario de Términos Aduaneros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), como “medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsable la Aduana”; a su vez señalan las directrices emanadas de la OMA, que: “Las administraciones aduaneras deben aplicar eficaz y rentablemente los controles mediante la implementación de las técnicas de gestión de riesgo, a los efectos de, simultáneamente: cumplir con la responsabilidad de recaudación fiscal, implementar políticas comerciales, salvaguardar al público, manejar el incremento del comercio.”
En este sentido, constituye el pilar fundamental en aduanas; donde los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio, forman un marco normativo moderno que rigen el Comercio Internacional, a estos efectos, se establecen mecanismos adecuados por medio del Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto), el cual no es suscrito por Venezuela; sin embargo este es revestido de las directrices de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), contestes con el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), siendo estos organismos internacionales a los que si pertenece Venezuela, por lo que se adoptan las tendencias internacionales en materia aduanera en el que se debe desenvolver el “Control Aduanero”.

Principios del Control Aduanero
El contenido del anexo general, capítulo 6 relativa a las Directivas sobre el Control Aduanero del Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regimenes Aduaneros-Convenio de Kyoto; denota las diversas vertientes que deben cumplir las Administraciones Aduaneras, con el objeto de hacer más clara las bases del control aduanero, se debe extraer los factores que lo constituyen, desde el punto de vista del contexto filosófico al cual debe estar sometido, a fin de ser eficiente por lo que se destaca lo siguiente:
· El control aduanero se limitará al mínimo necesario a fin de asegurar el cumplimiento de la ley aduanera.
· En la aplicación del control aduanero, la Aduana utilizará gestión de riesgo.
· La Aduana adoptará como apoyo a la gestión de riesgo, una estrategia consistente en medir el grado de aplicación de la ley.
· Los sistemas de control aduanero incluirán controles basados en auditorias.
Como se puede apreciar, el Convenio de Kyoto indica lo que la aduana moderna debe considerar antes de poner en marcha el control aduanero; debe evitarse al máximo los controles de los movimientos de carga y hacerlo por auditorias, para no entorpecer el libre flujo del intercambio comercial de los países. Adicionalmente nombra a la “Gestión de Riesgo” como elemento clave para poder manejar el crecimiento del comercio internacional.

La “gestión de Riesgo” le permite a su vez, a la Administración Aduanera, el manejo de la información fidedigna para la toma de decisiones, como los criterios de selectividad aplicables a SIDUNEA, todo ello basado en una base de datos que se deben alimentar diariamente según el comportamiento fiscal de los contribuyentes; de esta forma, por ejemplo, no se debería implementar instrumento jurídicos que aceleren la recaudación de tributos aduaneros; ya que, la recaudación inmediata sería un efecto inequívoco al incrementar las operaciones sometidas al canal verde y disminuyendo las operaciones aduaneras sometidas a otros canales (Amarillo y Rojo); es por ello que en “La Gestión de Riesgo y el Control Aduanero”, se encuentra la metodología científica para la actividad aduanera y tributaria eficiente.

Análisis de la Providencia Administrativa N° SNAT/2009-0089, que Establece la Oportunidad de Pago de los Tributos Causados con Motivo de Importación


En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.256 de fecha 03/09/2009, se publicó la Providencia Administrativa Nº SNAT/2009-0089, mediante la cual establece la oportunidad de pago de los tributos aduaneros causados con motivo de importación, esta Providencia Administrativa establece que los impuestos deben estar pagos al "Momento de la Presentación de la Declaración de Mercancías"; motivo por el cual deben de realizar cambios en los procedimientos de la aduanas, específicamente en el SIDUNEA y su Reglamento, así como también los operadores de comercio deben de realizar cambios en sus trámites, tal es el caso de "tener la disponibilidad financiera" para el pago de los tributos antes de la transmisión y registro de la declaración.

Cabe destacar que la Ley Orgánica de Aduanas-LOA, establece en su artículo 30, un lapso de 5 días hábiles para realizar la declaración luego del ingreso de la mercancía a zona de almacenamiento debidamente autorizada; sucede que lo importante para realizar dicha declaración es que se haya realizado en el plano real el hecho imponible (causación); es decir, el hecho generador es un requisito para establecer la temporalidad de la declaración e inclusive para establecer el momento del pago, situación que nos remite al artículo 86 de la Ley Orgánica de Aduanas-LOA, donde se establece que: “Las mercancías causarán los impuestos establecidos en el artículo 84, a la fecha de su llegada a la zona primaria de cualquier aduana nacional habilitada para la respectiva operación y estarán sometidas al régimen aduanero vigente para esa fecha. Omisis…”; en este sentido, luego de la llegada de la mercancía y dentro del lapso de los 5 días que establece el artículo 30 de la LOA, sería perfectamente viable el establecimiento del pago, pero para ello se debe evaluar el marco jurídico que establece el Código orgánico Tributario, ya que en su artículo 1, establece que para los tributos aduaneros se aplicará entre otras, para los medios de extinción de la obligación, entre los cuales se encuentra el pago; por ello en su artículo 41, se establece que el pago debe efectuarse en el lugar y fecha que establezca la ley, esto al referirse a todos los impuestos; pero la LOA, no establece la fecha de pago, sin embargo el mismo artículo 41 del COT, también establece la solución para estos casos, cuando contempla lo siguiente, según cita textual: “… El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que deba presentarse la correspondiente declaración, salvo que la Ley o su reglamento establezca lo contrario. Omisis…” .

Ahora bien, es importante remitirnos al Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas Relativo al Registro, Intercambio y Procesamiento de Datos, Documentos y Actos Inherentes a la Llegada, Almacenamiento, Introducción, Permanencia y Extracción de Mercancías Mediante Procesos Electrónicos, con especial interés en el Capítulo III, Sección Segunda, Tercera y el Capítulo IV, relativos a los Canales de Selectividad, Reconocimiento y Pago y Retiro, respectivamente; donde se establece la oportunidad de pago para las operaciones aduaneras sujetas a dicho instrumento jurídico; en el se indica que el pago estará sujeto a la validación por parte del funcionario reconocedor luego de efectuarse dicha actuación de verificación Física y/o documental, lo cual a la luz de la Providencia Administrativa N° SNAT/2009-0089, es modificado de forma inapropiada por ser este un instrumento jurídico de menor jerarquía.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), emitió la Circular Nº SNAT/INA/2009-001082 de fecha 21/09/2009; la cual contempla la forma de aplicación de la Providencia Administrativa N° 0089; que establece la oportunidad de pago de los tributos causados con motivo de la importación, donde se aclaran diversas interrogantes y se señala que el SIDUNEA será modificado para su aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y para concluir, es importante resaltar, que son poco evidenciables tanto en las Administraciones Aduaneras Latino Americanas como la Venezolana, los controles efectuados posterior al despacho, ya que existe un alto porcentaje del universo de operaciones aduaneras sometidas a los controles anterior y durante el despacho, por tener la mayor parte del universo de operaciones aduaneras, ceñidas a una verificación física antes de la salida de la carga de la zona primaria, por lo que se afecta la relación costo-beneficio de la inversión realizada por el Estado en la Automatización de las aduanas.

Se debe realizar una labor más científica en la materia aduanera Venezolana, de esta forma, se podría llegar a la solución de la oportunidad de pago para una mayor recaudación, ya que esto es lo que busca el órgano recaudador según consta en el considerando de la Providencia Administrativa antes mencionada.

Cabe destacar que en dicha Providencia Administrativa tiene como base fundamental el artículo 59 de la Ley Orgánica de Aduanas, el cual se cita textualmente:

“Artículo 59: El Jefe de la Administración Aduanera competente deberá disponer, conforme a las normas que establezca el Reglamento y para todas o algunas aduanas, que la liquidación de los gravámenes y demás derechos causados con ocasión de la introducción o extracción de las mercancías haya sido efectuada por el consignatario, importador o exportador para el momento de la aceptación o declaración de estas últimas. En estos casos podrá, igualmente, exigirse que para el mismo momento dichos gravámenes y derechos se encuentren cancelados o garantizados.”

En este sentido, se debe aclarar que se entiende que, la liquidación del tributo es el acto o serie de actos necesarios para la comprobación y valoración de los diversos elementos constitutivos de la obligación tributaria, con la consiguiente aplicación del tipo de gravamen y la concreta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente y que la LOA otorga la posibilidad a que el Jefe de la Administración Aduanera establezca el pago para el momento de la declaración de aduanas; pero, esta misma posibilidad la establece el artículo 41 del Código Orgánico Tributario, que tal y como se indico anteriormente, establece dentro de su ámbito de aplicación para los tributos aduaneros, lo atinente a los medios de extinción de la obligación tributaria, tal es el caso del “PAGO”, siendo este un instrumento jurídico del mismo rango, y de entrada en vigencia posterior a la Ley Orgánica de Aduanas, ya que la LOA es de 1.999 y el COT es de 2.001, esta claro que la base correcta debía ser el artículo 41 del COT; sin menos cabo de que para todo los efectos que persigue la Providencia Administrativa N° SNAT/2009-0089, se debe reformar el contenido del Reglamento del Sistema Aduanero Automatizado.

Efectos que con sólo incrementando el número de operaciones sometidas a control posterior, y disminuyendo las sometidas a control durante el despacho; es decir, disminuir las operaciones de los canales de selectividad amarillo y rojo, e incrementar los de canal verde; sin menos cabo de aplicar los controles posteriores al despacho con la alimentación de una base de datos que conduzca al manejo del riesgo mediante el registro y conocimiento de la conducta fiscal de los importadores y demás operadores de comercio, esto generaría que el momento del pago, sería en la fecha de la declaración de aduanas y se generaría el efecto recaudador que se busca; más aún, se tienen que implementar una serie de labores de gestión de riesgo y control aduanero sobre una base científica y gerencial.

El Principio de "No Confiscatoriedad" y el Sistema Impositivo Venezolano

El principio de no Confiscatoriedad, establece que no debe cobrarse el tributo por doble imposición; aunado a ello, Ruan (citado en Márquez 2006) señala que la Confiscatoriedad también se produce cuando existe:

“una apropiación ilegítima por parte del fisco del patrimonio de los ciudadanos, cuando exceden los limites de la razonabilidad de la exacción, por caer en la desproporción entre las cargas impuestas y la capacidad económica del contribuyente, o por no haber correspondencia entre el fin perseguido por la norma y el medio elegido para concretarlo.”

Entendiéndose, que toda acción del Estado en procura de la labor tributaria que afecte de forma desproporcionada la capacidad económica del contribuyente, es confiscatorio, siendo inconstitucional, por ser violatorio del artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de manera que, la “No Confiscatoriedad” tiene contenida los siguientes aspectos:

· Inviolabilidad de la Propiedad Privada
· Prohibición de la confiscación en los términos de la aplicación de la Ley

Visto de esta forma, se evidencian limites a la potestades administrativas del Estado en el ejercicio de sus funciones, como sistema tributario, permitiendo tener garantías que se traducen en seguridad jurídica, por lo que van cónsonos con los Principios de Progresividad y de la Justa Distribución de las Cargas.

Aunado a lo anterior, y tomando en consideración el “Principio de la Unidad del Estado”, aplicado a la materia tributaria, se debe evaluar el sistema impositivo Venezolano, desde el punto de vista de la carga impositiva que recae sobre los contribuyentes (personas jurídicas), quienes soportan un aproximado al 50% de imposición fiscal, como sumatoria de todo el espectro tributario de los tres niveles de la distribución del “Poder Público”; es decir, por los tributos nacionales, estadales y municipales; esta situación debe considerarse para una política fiscal que tenga por objetivo no sólo proveer al Estado de los recursos financieros, sino que debe estar en cumplimiento de otros principios, distribuyendo de forma justa la carga impositiva y midiendo los efectos inflacionarios que se puedan generar.
Claro esta, existe una diferencia entre las alícuotas o tasas nominales y las reales; sin embargo, las obligaciones accesorias al tributo, generan otras prestaciones pecuniarias que los contribuyentes deben soportar, por lo que toda disminución, que pueda existir en la alícuota o tasa real, con respecto a la nominal, se compensa de forma automática.

Oportunidad de Pago de Tributos Aduaneros

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.256 de fecha 03/09/2009, se publicó la Providencia Administrativa Nº 0089, mediante la cual establece la oportunidad de pago de los tributos aduaneros causados con motivo de importación, esta Providencia Administrativa establece que los impuestos de estar pagos al "Momento de la Presentación de la Declaración de Mercancías"; motivo por el cual deben se de realizar cambios en los procedimientos de la aduanas, especificamente en el SIDUNEA, así como tambien los operadores de comercio deben de realizar cambios en sus trámites, tal es el caso de "tener la disponibilidad financiera" para el pago de los tributos antes de la transmición y registro de la declaración.


En este sentido, El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), emitió la Circular Nº SNAT/INA/2009-001082 de fecha 21/09/2009; la cual contempla la forma de aplicación de la Providencia Administrativa N° 0089; que establece la oportunidad de pago de los tributos causados con motivo de la importación, donde se aclaran diversas interrogantes y se señala que el SIDUNEA será modificado para su aplicación.

Relaciones Profesionales y Educativas

Se ha creado este Blog, fines didacticos, educativos; así como tambien, con el objeto de interactuar profesionalmente en la materia "Aduanera y Tributaria", intercambiar puntos de vista y establecer criterios técnicos y jurídicos uniformes, discutir sobre la actualidad de las Ciencias Fiscales; asì como, las nuevas tendencias nacionales e internacionales.

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